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miércoles, 8 de abril de 2015

El Senado aprueba en segunda lectura el proyecto que crea el Instituto de Seguridad Privada, que establece ocho horas de trabajo para los vigilantes y que prohíbe ingresar a los militares y policías que hayan sido expulsados de manera deshonrosas de sus instituciones

@ImpactoInformativo54.com FREDERICH RAMOS



El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura, el proyecto que crea el Instituto de Seguridad Privada, que establece ocho horas de trabajo para los guardianes o vigilantes, una edad límite para ser guardián y que prohíbe ingresar a los militares y policías que hayan sido expulsados de manera deshonrosas de sus instituciones.

La iniciativa, de la autoría del senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, fue acogida a unanimidad por el pleno del Senado, y precisa además, que a los vigilantes se les facilitará un sistema de pensiones y jubilaciones.

También contempla que creará una escuela para que los integrantes de las empresas de vigilantes privados, sean previamente entrenados, se establece un escalafón de ascenso, y se advierte que en sus filas no ingresarán militares y policías que hayan sido cancelados en sus instituciones por hechos punibles y violaciones a la ley.

Sánchez Roa dijo que “el proyecto contempla un servicio para los guardianes de sólo de ocho horas, debido a que estos hombres, en su mayoría de edad, tienen que trabajar hasta 15 y 254 horas diaria, y a muchos no se les pagan las horas extras”.

En cuanto al uso de las armas dijo que estas serán estrechamente controladas y vigiladas por el Estado a través del Ministerio de Defensa, por que observó las empresas de vigilantes privados tienen más miembros que hasta la Policía Nacional.

Informó que las compañías serán aprobadas por el Instituto de Seguridad Privada, y sus licencias serían suspendidas si violan los preceptos que establece la ley.

También se contempla una edad límite para ser vigilante privado, que sería similar a la establecida en la nueva ley 139-13 de las Fuerzas Armadas.

El autor del proyecto precisó que la ley otorgará un plazo no mayor de 180 días a las empresas privadas vigentes para que se adecúen a la ley que creará el instituto que la regirá.



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