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miércoles, 8 de abril de 2020

Danilo Medina destituye siete funcionarios del Inaipi por compras sobrevaluadas

@ImpactoInformativo54.com FREDERICH RAMOS






El presidente Danilo Medina destituyó la noche de este miércoles a Ricardo Guzmán José Domínguez y a Mayra Martínez de la Rosa, funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de descubrirse que hubo irregularidades en la compra de 40 mil kits de alimentos ante la pandemia del COVID-19 en el país. Domínguez era director de operaciones, y Martínez de la Rosa, encargada del Departamento de Compras.

Mediante el decreto 146-20, el mandatario designó a la vez a Kenia Lora como nueva directora del Inaipi, en sustitución de Berlinesa Franco, quien renunció al puesto de “manera inmediata”.

Los demás funcionarios destituidos son Juan López, subdirector general de

Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.


Mientras que Greybby María Cuello Coste de Torre fue designada directora general del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en sustitución de Kenia Lora Abreu.

La decisión se tomó luego de que una comisión, integrada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; la directora general de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, encontrara la irregularidad en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 para la compra de 40,000 kits de alimentación por RD$100 millones, en la cual “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”, según la investigación.

Durante la lectura del informe, Espinal indicó que a dichas violaciones se suma, además, que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compra y sin ninguna documentación de respaldo.

“Por estas circunstancias, debemos señalar que el Estado se ve imposibilitado de hacer efectivos los pagos a dichos proveedores, puesto que las entregas se realizaron al margen de la ley”, indicó.

La denuncia de las irregularidades en el proceso de compras abierto por Inaipi la hizo el empresario Pablo Cabrera, que fue uno de los oferentes en el proceso.
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